El titular y el vicepresidente del bloque de senadores de la UCR, Jesús Porrúa y Diego Rodrigo respectivamente, presentaron en la Cámara Alta bonaerense un proyecto que tiene por objeto obtener información oficial sobre dos cuestiones: La situación jurídica del actual interventor del Instituto Provincial de Loterías y Casinos Luis Alberto Peluso y la realidad económica, administrativa y financiera del organismo.
En ese sentido, los legisladores argumentaron que la inquietud sobre la situación jurídica de Peluso se fundamenta en dos denuncias recogidas oportunamente por diferentes medios de prensa. Además y según trascendió mediáticamente, existiría una tercera denuncia que involucraría al propio Gobernador Daniel Scioli por haberlo nombrado en el cargo de Interventor del Instituto Provincial de Loterías.
En cuanto a la segunda parte de la Solicitud de Informes, Porrúa y Rodrigo sostuvieron que la misma tiene como objetivo precisar a través del propio Instituto Provincial de Loterías y Casinos su actual estado económico, financiero y administrativo. Por ello, los legisladores solicitaron “información puntual sobre las posibles renovaciones de licencias de las salas de Bingos, y sobre la situación actual del Bingo de la ciudad de La Plata, cuya licencia se encuentra vencida y fue renovada por seis meses –según expresara públicamente el Gobernador-, motivo por el cual estaría funcionando de manera irregular, ya que dicho plazo se encontraría vencido”.
En la misma dirección, requirieron precisiones sobre “posibles pagos que el Instituto habría realizado a figuras del ambiente artístico y deportivo”, situación ante la cual los senadores radicales solicitaron que se informe su monto y el concepto por el cual se habrían pagado dichas sumas de dinero.
A lo largo de la presentación, Jesús Porrúa y Diego Rodrigo también interrogaron sobre “la contratación de una agencia de seguridad que ha realizado el Organismo” y argumentaron que “las reparticiones públicas y el IPLyC siempre se manejaron con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y hasta el momento no se ha reportado ningún hecho o incidente grave y publico que amerite cambios. Es más, las dependencias publicas abonan adicionales POLAD por la prestación de vigilancia oficial”.
Por ultimo, solicitaron se informe sobre “el estado financiero y económico actual del IPLyC”, y agregaron que “de confirmarse algunas respuestas a las preguntas incluidas en la solicitud y los datos suministrados por algunas fuentes extra oficiales podría resultar que el mismo se encuentre en estado negativo o deficitario”.
En ese sentido, los legisladores argumentaron que la inquietud sobre la situación jurídica de Peluso se fundamenta en dos denuncias recogidas oportunamente por diferentes medios de prensa. Además y según trascendió mediáticamente, existiría una tercera denuncia que involucraría al propio Gobernador Daniel Scioli por haberlo nombrado en el cargo de Interventor del Instituto Provincial de Loterías.
En cuanto a la segunda parte de la Solicitud de Informes, Porrúa y Rodrigo sostuvieron que la misma tiene como objetivo precisar a través del propio Instituto Provincial de Loterías y Casinos su actual estado económico, financiero y administrativo. Por ello, los legisladores solicitaron “información puntual sobre las posibles renovaciones de licencias de las salas de Bingos, y sobre la situación actual del Bingo de la ciudad de La Plata, cuya licencia se encuentra vencida y fue renovada por seis meses –según expresara públicamente el Gobernador-, motivo por el cual estaría funcionando de manera irregular, ya que dicho plazo se encontraría vencido”.
En la misma dirección, requirieron precisiones sobre “posibles pagos que el Instituto habría realizado a figuras del ambiente artístico y deportivo”, situación ante la cual los senadores radicales solicitaron que se informe su monto y el concepto por el cual se habrían pagado dichas sumas de dinero.
A lo largo de la presentación, Jesús Porrúa y Diego Rodrigo también interrogaron sobre “la contratación de una agencia de seguridad que ha realizado el Organismo” y argumentaron que “las reparticiones públicas y el IPLyC siempre se manejaron con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y hasta el momento no se ha reportado ningún hecho o incidente grave y publico que amerite cambios. Es más, las dependencias publicas abonan adicionales POLAD por la prestación de vigilancia oficial”.
Por ultimo, solicitaron se informe sobre “el estado financiero y económico actual del IPLyC”, y agregaron que “de confirmarse algunas respuestas a las preguntas incluidas en la solicitud y los datos suministrados por algunas fuentes extra oficiales podría resultar que el mismo se encuentre en estado negativo o deficitario”.
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