El proyecto provincial de mediación obligatoria, impulsado por el senador Jesús Porrúa junto al senador Diego Rodrigo; y que cuenta con la media sanción de la Cámara alta, fue tratado en una Jornada realizada en la sede del Colegio de Abogados de La Plata, declarada de interés provincial y municipal.
El evento también contó con la presencia de los presidentes de las Comisiones de Mediación de la Provincia de Buenos Aires, Florencio Llanos y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), María Rosa Ávila, así como también, asistió Rosario Sánchez, Directora del Instituto de Mediación y del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de La Plata.
El senador Porrúa destacó durante su disertación la necesidad de que el proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputados, una vez que se diriman los enfrentamientos entre profesionales de distintas áreas, que pujan para ser quienes ejerzan el rol de mediadores. ´
El evento también contó con la presencia de los presidentes de las Comisiones de Mediación de la Provincia de Buenos Aires, Florencio Llanos y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), María Rosa Ávila, así como también, asistió Rosario Sánchez, Directora del Instituto de Mediación y del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de La Plata.
El senador Porrúa destacó durante su disertación la necesidad de que el proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputados, una vez que se diriman los enfrentamientos entre profesionales de distintas áreas, que pujan para ser quienes ejerzan el rol de mediadores. ´
Al respecto, señaló la importancia de que el Ministro de Justicia bonaerense se haya interesado en el proyecto, explicando que: “la mediación obligatoria, al estar relacionada con el proceso judicial, lo está necesariamente con el ejercicio de la Abogacía; por eso está previsto que el mediador designado deberá encontrarse en ejercicio de la profesión y matriculado”.
El proyecto es muy similar al vigente en Capital Federal, donde en base a la experiencia realizada, ha bajado en un 50% la litigiosidad y se ha logrado reducir a 60 o 90 días la resolución de los conflictos llevados a la mediación obligatoria.
En referencia a esto, Porrúa explicó que no debe perderse de vista que: “los beneficios serían en primer punto para los ciudadanos, en segundo lugar para el Poder Ejecutivo -que es quién debe asignar aumentos al presupuesto para ajustar el funcionamiento del Poder Judicial, más empleados, infraestructura, recursos, etc.- y tercero, también colaboraría en el descongestionamiento de la Justicia”.
Para finalizar agregó” impulsamos el proyecto porque creemos que es una herramienta útil, razonable y fundamental para la gente que va en busca de la resolución de sus problemas legales, por lo que reclamamos a los legisladores que lo podamos convertir en ley dentro del plazo de las presentes sesiones ordinarias”.
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